MENU

Los Grobo en los Medios

16 Octubre, 2018
De proyecto privado a política pública, ¿cómo escalar una iniciativa social?
Muchas empresas desarrollan programas de responsabilidad social que generan un impacto positivo en las comunidades argentinas. Algunas de esas iniciativas se replican con la ayuda del Estado en otros territorios.

En un contexto donde se promueven las alianzas entre los distintos sectores para alcanzar un desarrollo sustentable, las políticas no se diseñan solamente en el ámbito público. Es posible ver programas de responsabilidad social empresarial que se empiezan a aplicar en municipios o ideas de ONG que se replican en distintos territorios de un país. Otra opción posible es la cocreación de políticas entre los distintos sectores.

Las políticas públicas son un conjunto de decisiones, iniciativas y acciones de interés público orientadas a la promoción del bien común, que buscan resolver problemas o atender necesidades manifiestas y de interés público, y que son definidas, diseñadas e implementadas por entidades gubernamentales. Los procesos de definición de los temas que resultan relevantes pueden contar con mayor o menor involucramiento de otros actores de la sociedad.

Silvio Dal Buoni, director ejecutivo de Potenciar Comunidades, una metodología para implementar estrategias colaborativas de inversión social, desarrollo territorial e impacto colectivo, sugiere: “Pueden gestarse políticas públicas y crearse bienes públicos desde el sector privado, desde el sector social y también, a partir de la interacción creativa de los tres sectores”.

“Como resultado, además, es posible que se gesten espacios de innovación y de articulación multisectorial mucho más potentes, con mayores capacidades y posibilidades para resolver problemas y aprovechar oportunidades de desarrollo”.

En principio, la iniciativa que se desarrolle desde el sector privado debe ser capaz de dar respuesta a una problemática relevante, de interés público y resultar efectiva al momento de brindar soluciones concretas. Además, se tiene que poder aplicar a mayor escala y a un costo razonable.

Otro desafío, según Dal Buoni, tiene que ver con la posibilidad de que los programas, que se intentan replicar o transformar en políticas de mayor escala, logren alcanzar los resultados superando barreras burocráticas, adaptándose y adecuándose a los procesos administrativos del Estado, que son muy distintos a los que existen en una empresa o una organización de la sociedad civil.

“La posibilidad de involucrarse en la definición y diseño de políticas públicas desde una perspectiva multisectorial trae consigo, a mi entender, un beneficio extra, que está relacionado con el proceso: Habilita el surgimiento de iniciativas que aprovechan las interfaces que se dan entre los actores, los intereses y las racionalidades del sector público, privado y social generando sinergias e incrementando las oportunidades de alcanzar resultados de triple impacto”.

“Es más, de una experiencia de planificación participativa o colaborativa de una política pública o de un programa de articulación bien diseñada y bien implementada, además de esperarse un mayor impacto deberían esperarse que surjan mejores organizaciones, mejores empresas y mejores gobiernos. Nada de esto es posible sin planificación y sin invertir tiempo y recursos para que las intenciones se transformen en políticas, programas y proyectos viables y susceptibles de ser implementados y de alcanzar resultados”, desarrolla el director ejecutivo de Potenciar Comunidades.

Dal Buoni hace una aclaración importante a tener en cuenta en relación a las empresas. Dice: “No estamos hablando aquí de acciones de lobby, sino de la posibilidad de asumir responsabilidades concretas para la creación conjunta de entornos de desarrollo que permitan promover, incentivar y cristalizar políticas, decisiones, acciones e inversiones compartidas que se orienten al bien común”.

--
Ver nota completa: www.compromisoempresarial.com

Volver